Integración de la vivienda social a la ciudad

Durante las últimas décadas, los distintos gobiernos han sorteado el problema de la vivienda social con relativo éxito. Gradualmente se ha ido avanzando en aumentar el metraje, tanto de viviendas como de terrenos. En términos constructivos, se han ido resolviendo problemas técnicos tales como la condensación y la falta de estanqueidad (por ej., a través de la eliminación de puentes térmicos o el uso de revestimientos hidrófugos). Esto junto con mejorar el nivel de terminaciones (ej. cerámica en baños y cocina). Sin embargo, existe aún una gran deuda en términos de la ubicación geográfica de estas viviendas; hoy se deben integrar a la ciudad.

Con el fin de aumentar el número de viviendas a construir, la política de vivienda social ha favorecido la compra de terrenos de muy bajo costo. Lamentablemente, los suelos económicos se ubican, por lo general, en sectores vulnerables, periféricos y de baja plusvalía, forzando al ciudadano a vivir alejado de los servicios que ofrece la ciudad: salud, educación, comercio, etc.

Por otra parte, la condición periférica de los terrenos destinados a vivienda social se ve agravada por la alta homogeneidad y extensión de los proyectos de este tipo. Por ej., 350 viviendas sociales que se construyen junto a otras 350 viviendas del mismo tipo, transforman áreas de la ciudad en verdaderos ghettos, lo que en ocasiones termina estigmatizando a sus residentes. La ubicación de una vivienda puede, en el caso de proyectos sociales, llevar a una familia a vivir en un entorno poco seguro, con escasas áreas verdes, largos tiempos de viaje, etc. Así entonces, hay que pasar de una política de vivienda, a una política centrada en la integración de dicha vivienda. La familia vulnerable debe recuperar el derecho a vivir integrado a la ciudad, con acceso a equipamiento y a servicios dignos, no sólo para los proyectos futuros, sino también para los ya existentes.

En el mundo, existen múltiples experiencias destinadas a la integración de los proyectos de interés social. Por ejemplo, en Estados Unidos existen Estados en donde los proyectos inmobiliarios, deben destinar hasta un 20% de las unidades construidas a vivienda social. Otros países han optado por invertir en la compra de suelo bien localizado, a costos si bien más altos, plenamente justificados pues procuran dar acceso a los ciudadanos más endebles socialmente, a los beneficios de vivir “en” la ciudad, y no excluidos de ella. También con el fin de financiar el mayor costo que implica integrar espacialmente a los ciudadanos más modestos, algunas urbes a nivel mundial han optado por vender “bonos de constructabilidad”, para usar esos recursos, por ejemplo, en la construcción de parques y servicios en los sectores más vulnerables de la ciudad.

Hoy Chile, poco a poco empieza a avanzar en la integración social de barrios. Por ej., existen importantes inmobiliarias que se han atrevido a desarrollar productos habitacionales, donde si bien sus precios pueden ir más allá de las UF3.000, comienzan por debajo de las UF1.000, evidenciando que es posible que un vecino que paga $140.000 de dividendo, pueda vivir junto a otro que paga $420.000. ¿Por qué entonces no avanzar en la integración de una vivienda social de UF450, a un sector con viviendas de UF1.000, UF1.500 o más? He ahí el desafío.